San Salvador, El Salvador.— En una decisión que refuerza su controvertida política de seguridad, el presidente Nayib Bukele logró la aprobación de una reforma constitucional que introduce la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas en El Salvador.
La iniciativa fue respaldada de manera abrumadora por el Congreso, con 59 votos a favor de un total de 60 legisladores, eliminando así el límite previo de 60 años de prisión que contemplaba la legislación salvadoreña.
El gobierno argumenta que la medida responde a la necesidad de combatir de forma más contundente a las pandillas, cuya actividad ha marcado la seguridad del país durante décadas. Desde la presidencia se sostiene que los integrantes de estas organizaciones no pueden reinsertarse, al tratarse —según su visión— de estructuras permanentes.
No obstante, la reforma ha intensificado las críticas de organizaciones internacionales, que advierten sobre posibles abusos y el debilitamiento del Estado de derecho. Algunas incluso han señalado que las acciones del gobierno podrían constituir violaciones graves a los derechos humanos.
El modelo de seguridad impulsado por Bukele ha captado la atención de otros países de América Latina, donde algunos gobiernos analizan replicar medidas similares frente al avance del crimen organizado.
En este contexto, El Salvador continúa encabezando las estadísticas globales de encarcelamiento, lo que refleja el alcance de una estrategia que divide opiniones dentro y fuera de la región.
